En su carácter de miembro de la AGA (Alianza para el
Gobierno Abierto) nuestro país ha suscrito numerosos acuerdos y ha establecido
importantes iniciativas que están vinculadas con el mejoramiento de la
transparencia, la motivación para hacer participar a la ciudadanía, la lucha
contra la impunidad y corrupción, la difusión de las actividades y proyectos
gubernamentales, así como con el uso de la tecnología de información y
comunicaciones (TIC) como instrumento de apoyo a lo largo de este proceso.
Dicha transformación implica una modificación sustancial de las Políticas de
Información que vuelvan más eficaz la difusión de proyectos e iniciativas, a
fin de que permeen en sectores amplios, pero que conlleven mecanismos para la
comunicación bidireccional desde la ciudadanía hacia el sector público. La
división de poderes en el Estado Mexicano implica que haya una articulación
entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nuestro
marco legal señala que todas las autoridades y organismos del Estado serán
sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, por lo que se hace necesario desarrollar un
repertorio amplio de herramientas y recursos que permitan dicha apertura
dinámica hacia la sociedad.
El auge por desarrollar políticas de información abierta
tuvo su origen en Europa durante la década de los 90, en la cual las políticas
de la Unión Europea, así como diversas instancias públicas y privadas se
comprometieron en el uso de las TIC para desarrollar la Sociedad de la
Información y el Conocimiento. Si bien tecnologías como Internet, el protocolo
TCP/IP que la sustenta y diversos sistemas computacionales o de comunicación
fueron madurando primero de manera paralela y luego vinculadas inextricablemente
en algún punto de la década de los 80, muchos servicios y actividades de la
vida humana y humana-social se seguían desempeñando de manera física. Esto es,
tareas como las vinculadas con la salud, los servicios bancarios, la educación
o los recursos que facilitaba el gobierno a los ciudadanos seguían siendo
eminentemente presenciales, con apoyo de ‘copias duras’ en papel. Estrategias
como Europa 2020 se gestaron en 2010, momento en que diversos estándares y
recursos técnicos habían alcanzado un grado de madurez y cobertura inusitada.
Se había logrado el nivel de la tecnología asequible comercialmente.
Los enlaces de Internet en alta velocidad, las tecnologías
móviles, las redes WIFI en espacios privados o públicos, así como la aparición
de numerosos planes y tarifas entre carriers
y la ejecución de proyectos gubernamentales para acceso a la red ayudaron en la
disminución de la brecha digital, favorecieron las mejoras sustanciales en los
servicios y acceso a la información que los Estados pueden ofrecer a los
ciudadanos. La Agenda Digital Europea (Comisión Europea, 2010) fue sin duda
parteaguas para la diseminación de servicios, recursos y canales de acceso,
junto con la instauración paulatina pero creciente de beneficios por parte del
gobierno. El advenimiento del Big Data favoreció a la vez el desarrollo de
iniciativas como SmartCities, basado
en la llamada Urban Data Collection,
que tiene como objetivo brindar información en tiempo real a los ciudadanos
sobre las condiciones, calidad, disponibilidad de diferentes servicios (trenes,
autobuses, metro, zonas en peligro, tráfico, predicción del clima, etc.)
Gran Bretaña fue uno de los casos se éxito que se volvieron
emblemáticos en cuanto al uso de tecnología para la sociedad. En ese país se
implementaron diferentes sistemas y portales para dotar de voz a los ciudadanos
de manera tal que la comunicación no fuese unidireccional sino que cualquier
persona pudiera enviar datos, información, consultas y sugerencias, fuesen
estas a las autoridades del ejecutivo o bien sobre diversos servicios. Estos
desarrollos desembocaron en los mecanismos y recursos del Parlamento Abierto,
dado que por medio de la tecnología ya fue posible contar con apertura para
consultar y reutilizar la información pública. Antes de ello, el ciudadano y
adoptaba una postura reactiva al interactuar con el poder judicial o ejecutivo,
pero ahora puede hacer oír sus necesidades, visualizar o solicitar información
que está siendo considerada para la creación del marco legal.
Los 90 fueron la década de la apertura en comunicaciones,
software, tecnologías, mientras que la década del 2000 sentó las bases de la
apertura informativa en todo momento tiempo y lugar. El Parlamento Abierto es
una tendencia que sigue esta difusión amplia y multidireccional de la información,
está envuelto en un conjunto de valores democráticos que van permeando en los
individuos y los acompañan en la transición de la información aislada y
cerrada, hacia la libre y transparente.
En México existe un desencanto social y una desconfianza ante
quienes participan de alguno de los poderes, por ejemplo Ejecutivo y Legislativo.
El ciudadano promedio vive una separación entre su vida cotidiana y las
necesidades sociales que experimenta, en contraposición con las tareas que se
llevan a cabo en el ámbito legislativo. Esta desconexión causa un ambiente sin
diálogo, sin conocimiento mutuo o retroalimentación, sin consulta para abordar
requerimientos o necesidades y se complica además por diversos casos de
impunidad, corrupción o fracasos de anteriores proyectos legislativos.
A pesar de la problemática tan compleja y en el marco de la
AGA, se han dado pasos importantes como la firma de la Declaración de
Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en 2014. En dicho documento
se suscribe el deseo de formar parte de dicha alianza y de establecer: normas
internas para la participación de los diferentes actores que la componen, así
como la metodología para elaborar Planes de Acción que puedan encaminarse hacia
la implementación progresiva e incremental de los Diez Principios del
Parlamento Abierto. Se compromete la creación de un cronograma de trabajo y
formalizar la participación de nuestro país en las instancias internacionales
correspondientes.
Los
diez principios del Parlamento Abierto son:
1.
Derecho a la Información.
2.
Participación ciudadana y rendición de cuentas.
3.
Información parlamentaria.
4.
Información presupuestal y administrativa.
5.
Información sobre legisladores y servidores
públicos.
6.
Información histórica.
7.
Datos abiertos y no propietarios.
8.
Accesibilidad y difusión.
Se tienen así todos los elementos como para establecer que
el Parlamento Abierto es otra área de aplicación no sólo natural sino obligada
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
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